La Fiscalía General de la República dio a conocer este viernes que ya presentó al Juzgado Quinto de Instrucción la solicitud formal de extradición contra el expresidente Mauricio Funes, su compañera de vida Ada Mitchell Guzmán y sus dos hijos, Diego Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco.
Todos ellos se encuentran asilados por el gobierno de Nicaragua desde agosto de 2016. Funes es acusado por los delitos de Peculado y Lavado de dinero y activos, como parte de una red que habría desfalcado un estimado de $351millones del erario público a través de modificaciones presupuestarias que pasaron sin control a diversas partidas de gastos reservados.
Por su parte, Ada Mitchel Guzmán “La Michy”, es acusada por lavado de dinero, mientras que los hijos del expresidente son requeridos por la justicia bajo el cargo de Caso Especial de lavado de dinero y activos.
De acuerdo con una publicación de la Fiscalía en su cuenta de Twitter, la petición fue presentada el pasado jueves por la Unidad Especializada contra el Lavado de Activos al Juzgado Quinto de Instrucción, el cual preside Edward Sidney Blanco.
La presentación de la extradición se da 94 días después que la Fiscalía emitió orden de captura contra 31 acusados de participar en una trama de corrupción denominada “Saqueo Público”.
Previamente, la Policía Nacional Civil (PNC) presentó una solicitud para decretar orden de captura con difusión roja a Interpol, contra Funes y otros 14 imputados del proceso. Dicha solicitud no ha sido procesada todavía por Interpol, que debe verificar la legitimidad de las acusaciones.
Persecución política fue la razón que Mauricio Funes alegó ante el gobierno de Nicaragua para obtener un asilo político y es lo que estaría dificultando la emisión de la difusión roja en su contra. Desde Nicaragua, Funes ha utilizado principalmente su cuenta de Twitter para desacreditar el proceso legal en su contra.
La Fiscalía acusa a Funes de dirigir una red para sustraer dinero de instituciones públicas y usarlo para beneficio de los miembros de la trama. La operación para localizar y aprehender a los acusados empezó el pasado 8 de junio, cuando fue capturado el empresario Miguel Menéndez Avelar, mejor conocido como Mecafé. El amigo cercano de Mauricio Funes cayó mientras se encontraba en un rancho de playa de su propiedad, ubicado en el departamento de La Paz.
Funes, su compañera de vida y más de una decena de acusados se encuentran prófugos de la justicia desde el 11 de junio, cuando el juzgado Quinto de Paz ordenó detención para 17 implicados y el 27 de junio decretó captura nacional e internacional contra el resto de acusados.
El juez que lleva la causa en su fase de instrucción, Edward Sidney Blanco, enfrenta varios recursos de recusación por parte del equipo de abogados de varios de los acusados, incluido el de la exprimera dama de la República, Vanda Pignato, quien también figura en el caso “Saqueo Público”.
Los abogados argumentan que cuando fue magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanco firmó la resolución en la que se declaraba la existencia de enriquecimiento ilícito del expresidente Funes y su exesposa Pignato. Dicho caso está en apelación en la Sala de lo Civil.
El equipo legal de Pignato también sostiene que el exmagistrado además brindó una serie de entrevistas a medios de comunicación en las cual se pronunciaba en relación a las irregularidades acontecidas con funcionarios de gobierno de la administración Funes y aunque no habría adelantado criterio frente a su defendida, podría ponerse entredicho su imparcialidad porque ya se formó una convicción respecto a los hechos.
En su respuesta, Blanco explicó que dichas declaraciones están relacionadas únicamente a las irregularidades preliminares detectadas en el procedimiento administrativo seguido en la Sección de Probidad y no respecto a la actual causa penal, en la que tanto Funes y Pignato serán juzgados por el delito de lavado de dinero.
Asimismo dijo no aceptar que tales participaciones podían poner en duda su imparcialidad como juez, reiterando finalmente que no tiene ningún interés en tramitar el mismo.
Como toda solicitud de extradición, esta será remitida por el juzgado de la causa al pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que deberá determinar si es procedente y se solicita a Nicaragua agilizar la diligencia.
Nicaragua y El Salvador son firmantes del Convenio Centroamericano para la Detención y Extradición Simplificada , tratado firmado por seis países de Centroamérica y El Caribe con el fin de facilitar la lucha contra el crimen a través de procesos de extradición más ágiles.
Magistrados de la CSJ dijeron luego de conocerse la orden de captura contra Funes que al ratificarse una acusación penal contra Funes, el asilo del que goza en Nicaragua queda sin efecto. Precisamente, el presidente nicaragüense Daniel Ortega presionó para ratificar en 2011 el Convenio Centroamericano para la Detención y Extradición Simplificada.
Durante los años 80 y desde su regreso al poder en 2007, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que lidera Daniel Ortega, ha refugiado controvertidos personajes en suelo nicaragüense como el activista de derechos indígenas peruano, Alberto Pizango; el independentista puertorriqueño Rubén Berríos y el ex Primer Ministro tailandés Thaksin Shinawatra, prófugo de la justicia de su país.
Otro caso particular es el de la familia del célebre narcotraficante colombiano Pablo Escobar, fundador del Cártel de Medellín. El hijo de este, Sebastían Marroquín, relató años atrás que el gobierno sandinista los protegió.
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